Debido a que desconoce los pormenores de la sentencia que se emitió en favor de 401 trabajadores, el director de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Rubén Méndez, solicitó informes jurídicos a los responsables de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S. A. (Epsas) intervenida.
En 2021, cuando se emitió la sentencia de primera instancia, Epsas presentó una denuncia penal contra los responsables del juicio perdido y se estimaba un daño económico de 23 millones de bolivianos. De acuerdo a las denuncias del investigador y consultor en temas de agua y saneamiento, José María Herbas, con la sentencia ejecutoriada a favor del sindicato de trabajadores, el daño económico se incrementó a unos 114 millones de bolivianos.